Aval de la justicia para una decisión pionera.

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CH. Nogueira          28/08/2011
Dos jueces de Huelva han archivado sendas denuncias por la retirada de la sonda nasogástrica a una enferma terminal, Ramona Estévez, en el hospital Blanca Paloma de Huelva. La orden de quitar la vía, una iniciativa pionera en España, partió de la Junta de Andalucía y se emitió a petición de la familia.
El juzgado de instrucción número 5, tras recabar información médica y hablar con los parientes, decidió archivar el caso. Lo mismo había hecho ya en torno al mismo asunto el juzgado número 4, según fuentes judiciales.
Ello da al traste, al menos de momento, con la petición de la Asociación Derecho a Vivir: solicitó a la justicia el restablecimiento, con carácter cautelar, de la alimentación por sonda a la paciente. También el obispo de Huelva, José Vilaplana, criticó la retirada de la vía, que calificó como "un acto de eutanasia".
La Asociación Derecho a Vivir, de carácter ultraconservador, presentó este viernes una denuncia para pedir que se restableciera la sonda que alimenta a la enferma, de 90 años y víctima de un infarto cerebral masivo. A su juicio, se trababa de un acto de "eutanasia". El portavoz de la asociación en Huelva, Eduardo Gómez, aseguró, según Europa Press, que su objetivo era que la enferma recibiera "los cuidados indicados por los médicos que la atienden, conforme a la lex artis [código de buenas prácticas médicas] y al ordenamiento jurídico español que persigue la práctica de la eutanasia". Añadió que la sonda era un medio ordinario "para preservar la vida".
El mismo viernes se comunicó a la familia que debería acudir al juzgado al día siguiente. Había que decidir con urgencia. Los parientes acudieron ayer por la mañana. El juez tenía sobre la mesa una denuncia por omisión del deber de socorro, según fuentes jurídicas. A media tarde, en medios judiciales confirmaron el archivo de la causa y de otra en torno al mismo caso en otro juzgado. Este periódico no logró saber si la Asociación Derecho a la Vida recurrirá la medida.
La Consejería de Sanidad, por su parte, ignoraba ayer la resolución judicial. Sólo tenía noticias periodístícas de la intención de los provida de presentar una denuncia contra la Junta de Andalucía por dar la orden de retirar la sonda y otra para pedir la tutela de la enferma.
A comienzos de esta semana, cuando se hizo pública la situación de Ramona Estévez, víctima de un grave infarto cerebral, defensores de la muerte digna y contrarios a ella se pusieron en marcha. La Junta de Andalucía respaldó la demanda de la familia, que había pedido sin éxito al hospital la retirada de la sonda implantada a la enferma el pasado día 4. "La habían convertido en una máquina de bombear sangre. Y eso puede ser viable técnicamente, pero no es admisible ni humano", afirmaba el martes su hijo, José Ramón Páez. El hospital Blanca Paloma, privado pero concertado con la Junta de Andalucía, acató la orden. La sonda nasogástrica fue retirada.
A juicio de la Junta de Andalucía, la ley autonómica de muerte digna, aprobada el año pasado, avalaba la actuación de la Administración. Esta norma establece que "toda persona tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios, tras un proceso de información y decisión, aunque ello pueda poner en peligro su vida". Según José Ramón Paéz Estévez, hijo de la paciente, su madre "no quería vivir amarrada a unos tubos".